¿Por qué el matrimonio de personas de mismo sexo [MMS] no es una buena idea?

En las entradas anteriores hemos desarrollado las razones de por qué el Estado debe favorecer el matrimonio, pensando en los hijos. Ahora veámoslo esquemáticamente desde el otro punto de vista: por qué las razones aducidas para el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo no son concluyentes.

Los defensores del MMS se apoyan en estos cuatro argumentos.

En primer lugar –dicen–, ese reconocimiento pone punto final a una multisecular discriminación: es una cuestión de derechos civiles. Todos menos ellos tenían el derecho a acceder al matrimonio, y con el MMS cae esa barrera discriminatoria.

Sin embargo, ese modo de argumentar tiene poco sentido. El MMS no crea un acceso igualitario al matrimonio, ni lo abre a todos: seguiría estando restringido a dos personas en lugar de tres, a parientes cercanos, a los ya casados, etc. Franjas enteras de población sin los requisitos legales no pueden casarse.

No hay nada discriminatorio en basarse en distinciones verdaderamente relevantes. Igualdad no es uniformidad y distinción no es discriminación. Una pensión diseñada para mejorar la situación de la tercera edad excluye necesariamente a los jóvenes; una exención fiscal para una empresa que se establece en un área deprimida no es aplicable a aquellas que no lo hacen, etc. «Declarar la heterosexualidad como requisito para el matrimonio no es discriminar», escribió en 2010 el cardenal Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, «sino partir de un hecho objetivo… El matrimonio se funda en la unión complementaria de un hombre y una mujer, cuyas naturalezas se enriquecen por lo que conlleva esta diversidad radical».

La segunda línea de argumentación es que una unión de personas del mismo sexo es igual en todo a un matrimonio: se basa en el amor, es permanente y puede ser fructífera.

Este modo de razonar olvida que el estatus especial del matrimonio no tiene que ver con el amor como tal (cuando dos cónyuges dejan de amarse, no desaparece el matrimonio), ni mucho menos con el sexo: al Estado le resulta completamente indiferente lo que se hace y con quién se hace. La protección pública se justifica porque el matrimonio es el mejor modo de favorecer que los seres humanos tengan hijos, los críen y los eduquen. Los tres rasgos del matrimonio –fecundidad, fidelidad y permanencia– van juntos. Es cierto que no todos los matrimonios tienen hijos, y que a veces se rompen. Pero eso es inevitable: el Estado no tiene que asegurar que tienen hijos y se mantienen unidos a la fuerza, sino que su papel es favorecerlo del único modo que le cabe: promoviéndolo con incentivos, pero sin forzar a las personas.

En tercer lugar, se dice, el MMS pondrá fin a situaciones injustas en las que se ven inmersas las parejas del mismo sexo. Sería como una solución justa a problemas sociales apremiantes.

Este argumento se apoya en la necesidad –compartida por la Iglesia– de que hay que proteger a todos de cualquier discriminación. Pero ¿estamos seguros de que existe esa discriminación siempre y en todos los lugares? En Occidente, al menos, los datos empíricos (sueldos, capacidad adquisitiva, acceso a puestos de responsabilidad, prestigio social, etc.) no lo corroboran. Pero, si así fuera, o donde sí las hubiera, entonces hay otros procedimientos para evitar situaciones injustas. Además, la propuesta no es satisfactoria, puesto que abriría nuevas vías de discriminación: ¿por qué abrirlo a esas parejas, y no a otras situaciones que merecen apoyo público, como la de dos hermanas ancianas que viven juntas, un abuelo y su nieta huérfana, etc.? ¿Hay menos amor y menos permanencia en esas situaciones que en las parejas del mismo sexo?

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En cuarto lugar, se dice, el único motivo para estar en contra del MMS es desaprobar la homosexualidad. «No nos engañemos –dicen–, a los cristianos os parece mal, y por eso os oponéis; pero no deberíais imponernos vuestros dogmas. Si no queréis acogeros a esa posibilidad, allá vosotros, pero no nos lo impidáis».

Este tipo de razonamiento está viciado por dos motivos. En primer lugar, priva de un plumazo a los creyentes de decir lo que piensan sobre cualquier asunto público. De golpe y porrazo, se afirma que los ateos y agnósticos son ciudadanos de primera clase, y quienes tienen valores religiosos son de segunda clase: no tienen derecho a defender sus opiniones en la esfera pública. Es el polo opuesto de la democracia: una persona, un voto. No imponen su voluntad, dicen lo que piensan en una sociedad libre, y nadie debería decir a otro que se calle.

En segundo lugar, que alguien sostenga una opción por motivos religiosos no quiere decir que sea un capricho injustificado, más bien al contrario: saben justificar sus razones de manera racional y razonable. Sucede más bien lo contrario: la exposición de los argumentos de los cristianos contra el MMS se basa mucho más en la razón (hablan de antropología, de la esencia de la sexualidad humana, de las consecuencias en las personas y en la sociedad, etc.) que la de sus defensores, que en lugar de razonar utilizan descalificaciones («discriminación», «homofobia», «odio», etc.) simplemente porque, con educación y sin levantar la voz, les dicen que no están de acuerdo.

Además, la diferencia entre las relaciones homosexuales y el matrimonio no la ha inventado el cristianismo, ni la defienden solo los católicos. La oposición al MMS no es un modo de criticar la homosexualidad, sino de proteger el matrimonio. El MMS cambia radicalmente la naturaleza de la institución: exige al Estado que declare que el matrimonio ya no es una institución conyugal, basada en la unión de un hombre y una mujer para la crianza de sus hijos biológicos, sino un mero contrato entre dos personas que dan su consentimiento. Si fuera así, las razones para que el Estado proteja el matrimonio caen por no tener ya fundamento.